El pasado martes el director general del grupo Xavier Alkorta repasaba la situación de la caja aseverando que «hay más de una caja interesada» en la fusión con CCM. Entre estas entidades estarían Ibercaja y Cajasol como principales interesadas.
Sin embargo, a pesar de las palabras del director general la situación del grupo es complicada por sus escasas posibilidades de viabilidad.
Actualmente, el banco suizo UBS está trabajando como asesor de la entidad para encontrar nuevas opciones de negocio de la caja castellano-manchega, un documento en el que se trazarán las alternativas de la caja y que estará listo en septiembre.
Por otra parte, el nuevo consejo de administración de la caja ha puesto en marcha el cierre de 42 oficinas. Según informa el diario Expansión, el banco de inversión ha planteado que se tome en consideración «una cesión global de activos y pasivos de la caja». Esta posibilidad abriría la vía para que un banco se hiciese con el negocio de la entidad, aunque tuviese que dejar de actuar bajo la marca caja de ahorros.
Sin embargo, la compleja regulación de las cajas de ahorro no ayuda al futuro de la caja, pues si se tratara de un banco, otro de mayor solvencia podría comprarlo y quedarse con sus activos de manera más fáctible; como hemos comprobado, en los casos de Lehman Brothers o Sovereing.
Hay que decir que la opción del cierre de oficinas no gusta a la patronal de cajas (CECA) que aboga por una subasta de activos en la que sólo pudieran intervenir dichas entidades. Esta opción no tiene el visto bueno ni de la Junta de Castilla la Mancha ni del PP regional.
Tampoco parece factible un proceso de liquidación ni la actividad independiente de la entidad. Hay que tener en cuenta que, n 2008, la entidad registró unas pérdidas de 740 millones de euros. Para elevar su ratio de solvencia (Tier 1) por encima de los mínimos regulatorios (en el 8%), el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que suscribir íntegramente una emisión de participaciones preferentes de la caja por valor de 1.300 millones de euros.
La situación como apreciamos no es nada optimista, y la solución más satisfactoria pasaría por una fusión con otra entidad, o su reconversión para que pudiera ser adquirida por uno de los grandes bancos. Sin embargo, como se observa los intereses políticos en juego dificultan la mejor de las decisiones en torno a la caja, pues el PSOE no tolerará que la situación se presente como una quiebra de una caja en un territorio donde ellos gobiernan, y por su parte el PP intentará sacar rédito político a toda costa de un problema en el que los trabajadores y los impositores se ven afectados.
De otro lado, lo que peligra principalmente son las inversiones en Castilla la Mancha pues la mayoría de los proyectos eran financiados por esta entidad.
En cualquier caso, como ya hemos reiterado desde este blog la regulación de las cajas de ahorro es deficiente y el papel de los partidos políticos aún más. Por tanto, el panorama es bastante oscuro y los principales afectados, nosotros, los castellano-manchegos.
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