Recientemente se ha celebrado el Debate sobre el estado de la Nación, este evento supone el acontecimiento más importante del ejercicio político en tanto se repasan los punto más importantes que marcan la agenda política. En estos eventos, los presidentes del gobierno aprovechan para incluir alguna “medida estrella” que les ayude a llevar la iniciativa del debate. Lo hizo el presidente Zapatero con el famoso “cheque bebé” y en esta ocasión le ha tocado a Rajoy con la denominada tarifa plana de 100 euros para la Seguridad Social de los contratos indefinidos.

Nuestro propósito en este artículo es realizar un análisis desde un punto de vista económico de esta medida. En primer lugar, comenzaremos explicando que la propuesta consiste en una reducción de las cotizaciones sociales para nuevas contrataciones de carácter indefinido realizadas en lo que queda de 2014. Siempre con el requisito de que mantengan el empleo neto dentro de la empresa durante al menos tres años.

Llegados a este punto tenemos que centrarnos en el coste la propuesta. A priori, si la realización de nuevos contratos va a suponer que las empresas abonen de forma genérica una cotización de 100 euros por trabajado podemos asegurar que las arcas de la Seguridad Social se van a resentir. Es decir, se va a dejar de ingresar una cantidad esperada que según el gobierno se compensaría por el aumento de nuevos contratos de trabajo. Esto es, aplicamos la teoría de la “Curva de Laffer” a las cotizaciones sociales. Sin embargo, parece precipitado realizar un análisis tan rápido. Más si cabe cuando las arcas de la Seguridad Social no se encuentran en su mejor momento, ya que el Gobierno ha tenido que recurrir al fondo de reserva (que también recibió en herencia) para hacer frente al pago de prestaciones sociales a lo largo de 2013. Es más, el propio Gobierno ha reconocido que la recaudación social necesita mejorar al incluir beneficios sociales como los tickets restaurante dentro de la base de las cotizaciones. Por este motivo, la medida parece contradictoria con la política marcada hasta ahora. Además, se hace necesario que el Ejecutivo explique el coste económico y cuál es la previsión de nuevos contratos indefinidos para compensar la pérdida de fondos de la Seguridad Social. De lo contrario podríamos entender que estamos ante una medida sin contenido serio que sólo busca dar titulares.

Dejando a un lado el coste de la medida deberíamos preguntarnos si con esta medida se va a mejorar la empleabilidad indefinida. Para tratar de dar una respuesta a este tema tenemos que referirnos a un dato importante: la temporalidad de la propuesta. Como comentábamos al inicio del artículo, la medida se va a extender durante 3 años. Por ello, lo más probable es que las empresas recurran a incrementar la contratación indefinida teniendo en cuenta la tarifa plana durante este tiempo. Posteriormente, a los 3 años cuando el coste social se incremente se plantearán si necesitan o no al trabajador y teniendo en cuenta la subvención que han obtenido podrán abaratar el despido si les resulta beneficioso. Es decir, que realmente lo que conseguimos con esta medida no es luchar contra la temporalidad, sino realizar una subvención a la empresa por si considera necesario prescindir del trabajador dentro de 3 años. Podemos llamar al tipo de contrato como queramos pero al final en el momento de asegurar la permanencia del trabajador en la empresa nos remitiremos al coste/beneficio. Alguien podría pensar que el que escribe es muy mal pensado, pero vivimos en el país de la picaresca y basta con repasar cómo han funcionado las subvenciones al empleo en los últimos años.

No vamos a entrar a analizar el vacío que deja la medida para que la empresas utilicen el fraude para aprovecharse de la tarifa plana. De ese tema se ha escrito demasiado estos días. Lo que si nos gustaría es dejar patente que la medida no es propia de un Ejecutivo que busque realizar una política de empleo seria. Teniendo en cuenta la pluralidad de contratos o la posibilidad de tener en pruebas a una trabajador y prescindir de él sin motivo alguno, que ahora se busque incentivar la empleabilidad indefinida con una tarifa plana suena a tomadura de pelo. Si al Gobierno le interesa acabar con la dualidad del mercado de trabajo español puede empezar eliminando todos los contratos y estableciendo un contrato único con indemnización por despido progresiva. Así evitaremos posibles fraudes y sentaremos las bases de un mercado de trabajo con igualdad de derechos. Posteriormente, podríamos utilizar el dinero que costará la tarifa plana para reciclar a los desempleados en situaciones más complicadas y tomar partido para que el crédito fluya entre las empresas. Estas medidas serían más eficientes para mejorar la temporalidad y el incremento de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, con esto nos costará algo más mejorar las estadísticas que al final es lo que importa.