La semana pasada se publicó el memorándum referente al rescate bancario solicitado por nuestro país. En este documento se establecieron 32 condiciones, algunas de ellas macroeconómicas, que han provocado que este miércoles el gobierno de Mariano Rajoy tuviera que afrontar un recorte del gasto público de 65.000 millones de euros.

El gobierno popular ha optado en esta ocasión por subidas de impuestos unidas a reducción del gasto público, relativas al salario de los empleados públicos y a la prestación por desempleo. En este artículo nos centramos en las consecuencias de la subida del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para entender cómo afecta una modificación de este tributo tenemos que hacer referencia a una de sus principales características: estamos ante un impuesto indirecto y de marcado carácter regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que afectará más a las clases bajas que a las clases altas de la sociedad. ¿Por qué se produce este efecto? Es debido a la propensión que tienen los individuos hacia el consumo, es decir, lo que cada persona consume efectivamente. Si comparamos dos personas, de las cuales uno gana 100 veces más que el otro, no por ello quien tenga más renta consumirá 100 veces más. Empíricamente se comprueba que los individuos conforme tienen más renta, más proporción de la misma se destina al ahorro.

Visto este análisis deberíamos preguntarnos ¿Por qué opta el gobierno por la subida de esta figura impositiva? El principal motivo es que estamos ante un tributo cuya recaudación es rápida, debido al diseño de las declaraciones de los sujetos pasivos que se realizan con una periodicidad trimestral. Por tanto, el gobierno espera recaudar rápidamente. No obstante, resulta paradigmático que bajo el ideario de este gobierno se haya optado por incrementar dicho impuesto. Si atendemos al programa económico  elaborado por el actual Ministro de Hacienda, podremos apreciar que toda la política económica está marcada por el concepto de la curva de Laffer.

En este blog hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este concepto, pero recuperando su definición se puede decir que lo que este economista quiso evidenciar es que una subida continua de los impuestos puede afectar tanto a la actividad económica que lastre la recaudación. Por consiguiente, si como dice el gobierno las arcas públicas están vacías se debería llevar a cabo una política totalmente contraria a la adoptada, para así incentivar la actividad y la recaudación. Sin embargo, Cristóbal Montoro ha mostrado poca fe en este ideario que incumplió con la subida del IRPF y que ha vuelto a denostar aceptando la subida del IVA.

¿Cómo va a afectar la subida del IVA a la Economía Española? Para responder correctamente a esta preguntar hay que tener en cuenta que el PIB se compone de los siguientes componentes: Consumo, Inversión, Gasto Público, Exportaciones e Importaciones. Al tratarse de un impuesto que grava el consumo, su incremento va a provocar que los individuos dispongan de menos renta disponible para comprar bienes y servicios. De esta manera, se va a lastrar esta variable de la ecuación del PIB. Además, si tenemos en cuenta que el Consumo es el componente de más peso en el PIB de los países desarrollados, el efecto va a ser devastador. La consecuencia más inmediata será el agravamiento de la recesión y, por tanto, el empeoramiento de las tasas de desempleo.

Como vemos, en el momento que vive la economía española optar por un incremento tributario de este tipo supone un error de base. Es cierto que el Estado necesita liquidez, y que nuestros acreedores han impuesto estas condiciones para establecer el rescate bancario. No obstante, existen alternativas para evitar lastrar aún más la economía. Concretamente, el colectivo de Técnicos de Hacienda elaboró recientemente una propuesta muy interesante que se puede resumir en los siguientes puntos:

• Armonizar el tipo de sociedades hasta el 35 % recaudando 13.943 millones de euros
• Reducción de la economía sumergida en 10 puntos. Para conseguir este objetivo sería necesario ampliar la cuota de inspectores de hacienda. Por poner un ejemplo, España tiene un inspector de hacienda por cada 1.700 habitantes, Alemania lo tiene por cada 600. Todo ello unido a que nuestra cultura acepta socialmente el fraude fiscal provoca que estemos renunciando a 38.577 millones de euros.

Con dos medidas nada agresivas para la ciudadanía se conseguirían recaudar más de 50.000 millones de euros. Este debía haber sido el primer paso del ejecutivo al que debería seguir una amplia reforma fiscal, puesto que nuestro modelo tributario muestra signos de agotamiento. Se ha tratado de un conjunto de impuestos muy ligados al ciclo económico y a la actividad de la construcción, por lo que se hace necesaria su revisión de forma amplia y ordenada.

Con este tipo de políticas nuestra economía ganaría credibilidad, sin embargo, el gobierno popular está cayendo en el mismo error que su antecesor: la improvisación. Todo ello provoca que nuestros socios no se fíen de nosotros y lo que es peor, que nuestra posición negociadora sea muy débil.

Tras este análisis nos encontramos en posición de afirmar que el tratamiento sigue siendo el equivocado. El enfermo continúa desangrándose y la receta sigue siendo el bisturí que ahonda en la herida. Nuestros representantes deberían darse cuenta de que sin crecimiento será imposible pagar nuestras deudas. Con todo, ojalá este análisis sea equivocado y las medidas consigan el efecto esperado.