Seguramente habrán oído en numerosas ocasiones a algún ministro de Hacienda o a algún político hacer referencia al concepto de presión fiscal para justificar algún incremento de impuestos. Pero ¿qué significa ese concepto? Hoy nos proponemos analizar dos términos que debemos tener en cuenta para analizar un sistema fiscal: presión fiscal y esfuerzo fiscal.

El primer concepto, el más utilizado por los políticos, se calcula dividiendo la recaudación fiscal (incluyendo las cotizaciones sociales) entre el PIB. Es decir, nos da como resultado el porcentaje que supone la recaudación pública sobre el conjunto de la economía. Nada tiene que ver con la presión que soportan los ciudadanos desde el punto de vista de los impuestos. Sin embargo, nuestros dirigentes utilizan este término para justificar subidas de impuestos o para defender que durante su mandato “ha bajado la presión fiscal de los ciudadanos”.  Sobre este término existe mucha demagogia, ya que viendo cómo se calcula podemos asegurar que la presión fiscal tiene poca relación con subidas o bajadas de impuestos, sino más bien con la caída de la recaudación, el ritmo de crecimiento de la economía y la existencia de fraude fiscal.

Para analizar la cantidad de renta que los ciudadanos tienen que aportar al sostenimiento de los gastos públicos tenemos que referirnos al esfuerzo fiscal. Esta variable compara de forma más tangible cuanto porcentaje de su renta dedican los individuos al pago de tributos. Es cierto que su cálculo suscita bastante controversia entre la doctrina económica, pero una forma de aproximarse a su cálculo es utilizar el Índice de Frank. Se trata de un cálculo sencillo para el cual se debe dividir la presión fiscal por la renta per cápita de un país.

Conociendo los conceptos, ya podemos analizar los datos existentes para nuestro país y compararlo con nuestro entorno. La presión fiscal en España se sitúa en el 32,9 % con respecto al PIB, una cifra que está por debajo de la media de los países de la OCDE que se encuentra en el 34,6 % (según datos de Eurostat). Por su parte, los datos de esfuerzo fiscal se colocan en el 40 % y tenemos el dudoso honor de ser los campeones de la Eurozona. Estas cifras nos ofrecen la conclusión de que nuestro sistema fiscal no es eficiente. Tenemos el esfuerzo fiscal más alto de los países de nuestro entorno, pero después ese dato no se traduce en una buena recaudación. Es decir, exprimimos a nuestros ciudadanos desde el punto de vista impositivo, pero después su renta se pierde por el camino.

¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, el mal reparto de dicho esfuerzo fiscal. Tenemos un sistema fiscal plagado de deducciones que provoca que los trabajadores acaben pagando más impuestos que las empresas del IBEX-35. Además, como en los años 80-90 ligamos de forma pronunciada nuestros ingresos públicos al ciclo económico una recesión económica como la actual se lleva por delante el esfuerzo exigido a los ciudadanos.

Todos estos datos, evidencian una vez más que es primordial realizar una reforma fiscal seria y profunda. Tenemos que acabar con un sistema que exprime al ciudadano medio y que después no da los frutos esperados. Para ello, lo primero que debería hacer el gobierno es acabar con las deducciones que plagan nuestros impuestos y rebajar los tipos de gravamen. A partir de ahí hay mucho trabajo para mejorar la equidad de los impuestos. Sin embargo, partiendo de una simplificación de los impuestos e incrementando la lucha frente al fraude fiscal conseguiríamos reducir el esfuerzo que exigimos a la ciudadanía y mejoraríamos la eficiencia de nuestro sistema aumentando la recaudación.