La presentación de los últimos datos del déficit de las comunidades autónomas ha supuesto en Castilla la Mancha un recorte presupuestario de 350 millones de euros. Este viene a unirse al que conocimos en verano y que superaba los 1800 millones. Entre las partidas afectadas, destaca el recorte al salario de los funcionarios que verán reducidas sus rentas un 3% o la finalización del programa de gratuidad de los libros de texto. De igual modo, algunos hospitales van a pasar a ser gestionados por la empresa privada. Es este punto el que nos proponemos analizar en este artículo.

Para ello vamos a preguntarnos si la gestión privada de ciertos servicios públicos supone un ahorro presupuestario, o si por el contrario va a traer consigo un descenso de la calidad y un ahorro que en términos generales no va a compensar dicha pérdida.

Con la gestión privada de un servicio público se busca que agentes privados adelanten la financiación en momentos donde la administración no es capaz de soportar el gasto que conlleva dicha prestación. Aparentemente, el ciudadano no va a ser perjudicado ya que recibirá la asistencia solicitada en términos similares a cuando era la propia administración la encargada de prestar la atención. Este modelo es original de los años 80 donde la primera ministra Margaret Thatcher introdujo esta fórmula para financiar la sanidad en el Reino Unido.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y la experiencia lo ha demostrado. Cuando se privatiza la gestión de un servicio público en la práctica hay que pagar más, puesto que el agente privado no se va a conformar con cubrir el coste del servicio, sino que pretenderá obtener un beneficio que le compense su inversión. Como observamos, se va a producir un encarecimiento del servicio a menos que se produzca una reducción de costes. Imaginemos el caso de la sanidad, una empresa privada huirá de los enfermos más costosos y preferirá aquellos tratamientos y pacientes que le ayuden a ser más rentable. Otra alternativa sería emplear personal menos cualificado que percibiera menos rentas. El resultado observado siempre es el mismo, se pierde calidad y se encarece el servicio.

Ante este razonamiento, los defensores del modelo de gestión privada suelen recurrir al argumento de que la competencia solventará el incremento del coste. Sin embargo, la competencia no va a ser perfecta, ya que se limitará al concurso celebrado por la administración. El resultado, como el modelo inglés demostró, es que en el largo plazo el coste para la administración pública es mucho mayor.

Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos ¿Cuál es el verdadero objetivo de la introducción de una medida como este si lo que se pretende es ahorrar? ¿No estaríamos en realidad posponiendo el problema, y provocando que a la larga el coste de la prestación sea mayor? No obstante, con una situación financiera delicada es necesario plantear medidas que ayuden a superar las dificultades, pero la gestión privada es un clamoroso error.

¿Cuáles son las alternativas a la gestión privada? En primer lugar podemos referirnos a una gestión pública donde se mejore la eficiencia del gasto y el incremento de los ingresos. Por el lado del gasto, hay que mencionar que el sistema sanitario de nuestro país es uno de los que menos proporción de su PIB gasta comparado con el resto de la Unión Europea. Concretamente, España dedica a la Sanidad un 9,7 % del PIB, cuando países como Alemania o Estados Unidos dedican un 12 y un 17,4 % respectivamente. Esto se traduce en que nuestro sistema es eficiente, y así lo reflejan datos como la esperanza de vida o tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la UE. Con todo, el sistema puede mejorar y medidas como la centralización de las compras donde se aprovechen economías de escala pueden ayudar a ahorrar. Del mismo modo, otras medidas como los medicamentos unidosis ayudarían a mejorar la eficiencia del sistema. Por otra parte, en cuanto a los ingresos se hace necesario que las Comunidades Autónomas presupuesten el coste real de los servicios, no como hasta ahora donde la elaboración presupuestaria no recoge el montante completo. Además, si como en Castilla La Mancha existen dificultades de financiación, se puede recurrir a incrementar ciertos tributos que ayuden a sufragar los gastos de este servicio. Una medida interesante fue la aportada por el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que abogaba por incrementar los tributos de tabaco y alcohol para sostener el sistema. Ya comentamos en estas páginas que la propuesta parecía interesante y que ayudaría a solventar externalidades negativas. Sin embargo, deberían concretarse las cantidades que se podrían recaudar mediante este método para determinar si son suficientes. Tampoco debemos olvidar que se hace necesario acabar con la deducción por seguros privados de salud, ese dinero que deja de recaudar el Estado puede ser dedicado a la financiación sanitaria.

Por otro lado, tenemos la posibilidad de introducir el  copago. Esta propuesta se ha convertido en un tema tabú, pero puede ayudar a mejorar a la financiación y  los resultados del sistema. Se trataría de que los pacientes pagaran una parte del servicio cuando utilizaran ciertas consultas médicas. No obstante, esta medida presenta un problema y es que el ciudadano podría tener la impresión de estar pagando dos veces por lo mismo, ya que el sistema se sufraga con sus impuestos. De igual modo, ciertos colectivos, como los ancianos, podrían dejar de acudir a las consultas médicas para no aportar la tasa correspondiente. Desde luego, no es la mejor de las posibilidades, pero en todo caso es preferible a la gestión privada si lo que pretendemos es mejorar los costes y mantener la calidad del servicio.

Vistas las opciones, parece que la medida aprobada por la presidenta de Castilla la Mancha, la señora Cospedal, no es la más acertada. De hecho, puede conseguir un objetivo distinto al que busca, porque como hemos comentado la gestión privada en el largo plazo supone un coste mayor.