Esta semana antes de la Gran Nevada hemos asistido a la penúltima polémica a raíz la gestión de la implantación de las vacunas contra la COVID-19. El ritmo en nuestro país sigue siendo lento con honrosas excepciones, pero especialmente ha destacado que, otra vez, la Comunidad de Madrid esté a la cola a la hora de inyectar las dosis que se les viene entregando.

A raíz de esta circunstancia el gobierno autonómico ha decidido otorgar un contrato para que una organización como Cruz Roja les ayude a ganar velocidad. Esta medida ha desatado las críticas de la oposición que acusan al ejecutivo madrileño de «privatizar» la implementación de la vacuna.

Al hilo de esta noticia nos ha parecido interesante reflexionar acerca de la internalización o externalización de los servicios públicos por parte de las administraciones responsables de su ejecución. Antes de entrar en materia me gustaría exponer dos consideraciones. Por un lado, lejos de decidir si internalizar o externalizar un servicio, resulta reprochable que cualquier gobierno regional no tenga estrategia de implementación para el mayor reto en décadas al que se enfrentan y se dediquen a parchear o improvisar sobre la marcha. Por otro lado, resulta pobre el argumentario ofrecido desde «la verdadera izquierda» de recurrir a la simple conclusión de que se está «privatizando» un servicio por parte de la administración. Ambos pueden hacerlo un poquito mejor. No es difícil.

Dicho lo anterior, debemos tener en cuenta que a los ciudadanos o, como a mí me gusta decir, al señor medio de Cuenca no le importa para nada el «quién» le presta el servicio, sino «el que» se realice. Por lo anterior, se podría decir que lo importante es que se recoja la basura, con independencia de que lo realice directamente el ayuntamiento de turno o una empresa de prestación de servicios. No obstante, también hay señores en Cuenca preocupados por la eficiencia y el coste del servicio y para eso también es importante determinar quién realiza mejor la actividad.

Cuando una administración o una empresa decide internalizar o externalizar una actividad se tienen en cuenta diferentes factores que ayudan a tomar una decisión. Por un lado se valora el coste de transacción de acudir al mercado a obtener dicho bien o servicio. Por otro lado, se valora si va a ser una actividad o servicio crítico que a pesar de ser más caro realizarla dentro de la organización pueda tener sentido estratégico mantener el control total sobre su ejecución. Tampoco se debe olvidar si se disponen de los medios materiales o humanos suficientes para ser capaces de ofrecer dicho servicio o actividad. Igualmente, es importante si aquello que queremos internalizar o externalizar va a ser temporal o por el contrario será recurrente. Estas son algunas de las cuestiones que cualquier organización o en este caso administración pública debe valorar a la hora de decidir externalizar o internalizar un servicio del que es responsable frente a los ciudadanos.

Si el análisis se realiza de acuerdo a criterios objetivos se puede llegar a la conclusión de que es mejor por ejemplo recurrir a una empresa de software externa para que nos ayude a crear una aplicación de gestión del censo municipal. Por otro lado, si disponemos de medios materiales y humanos suficientes quizá sea más eficiente prestar directamente el servicio de suministro de agua. Y así con el resto de servicios públicos.

La clave ahora está en valorar qué hacer en relación a las vacunas y diseñar una estrategia. Las administraciones deberían darse cuenta de que estamos ante un reto excepcional donde se requiere movilizar todos los medios humanos y materiales disponibles para ser lo más ágiles que podamos. A todo lo anterior hay que añadir que los servicios médicos de atención primaria deben afrontar el tratamiento de la atención médica de las patologías habituales, del incremento de trabajo a razón de la COVID, del rastreo de los sospechosos de tener la enfermedad y un largo etcétera de actividades. Conviene medir muy bien la capacidad y la carga de trabajo para ser capaces de diseñar una buena estrategia de implementación. Por tanto, en algunos casos es posible que tenga sentido crear un plan donde no sólo se tenga en cuenta los recursos internos de la sanidad pública, sino que también se movilicen los recursos privados. ¿Significa eso privatizar el servicio? Todo lo contrario, significa ser consciente del reto al que nos enfrentamos como sociedad y responsabilizarse con la mejor ejecución del servicio empleando todos y los mejores recursos disponibles.

Con todo, lo criticable una vez más en relación a la actuación de ciertos gobiernos autonómicos es la inexistencia de ese plan y que vuelvan a ir sobre la marcha. A la vez que se contrata a una ONG para colaborar en la aplicación de las vacunas se descubre que se rechaza personal de enfermería municipal. Es ahí donde hay que poner el foco para exigir que la prestación de las políticas y servicios públicos se realiza con el estándar esperado. Todo lo demás seguirá siendo ruido.