La crisis de la covid-19 no sólo esta mostrando sus consecuencias sanitarias, sino que poco a poco vamos descubriendo que cuando la emergencia sanitaria sea controlada deberemos afrontar una crisis económica de dimensiones históricas. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta en este sentido, es que lejos de los niveles de deuda o de déficit público, nuestro país parte de una situación más precaria que otras economías de nuestro entorno. La errónea respuesta que le dimos a la Gran Recesión ha provocado que las tasas de desigualdad se hayan incrementado y que, como hemos repasado en otras ocasiones, España sea líder en tasas de pobreza y de pobreza infantil si nos comparamos con las economías de nuestro entorno. 

Bajo este contexto una de las alternativas que se están planteando es la implementación de un ingreso mínimo vital para lograr paliar la grave situación a la que se enfrentan muchos hogares españoles. El establecimiento de este ingreso mínimo debería enmarcase en lo que desde nuestro punto de vista se denomina como “Nuevo Contrato Social”. La crisis de la covid-19 ha dejado al desnudo las carencias de nuestro sistema económico y social y es una buena oportunidad para empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Sin duda, una de las mayores críticas que se le puede hacer a la respuesta que los gobiernos europeos le dieron a la crisis de la Gran Recesión de 2008 es que no repararon en dejar atrás a los más desfavorecidos con tal de cuadrar las cuentas. Eso, unido a que el ejercicio de pedagogía y de explicación de las medidas brilló por su ausencia, dejó en la estacada a los denominados “perdedores de la globalización”. Aquellos, a los que ante una crisis dejamos atrás y que en gran medida han sido el caldo de cultivo de los movimientos de ultraderecha o nacionalpopulistas como el caso de VOX en España. Deberíamos aprender de los errores del pasado y evitar esta vez que una crisis económica pueda desembocar en una crisis social o incluso democrática.

Para ello, un primer paso es elaborar ese nuevo contrato social del que hablamos. En ese pacto están implicados particulares, empresas y administraciones públicas. De hecho, algunas empresas han visto la oportunidad y están desarrollando buenas medidas en este sentido. Que empresas como la cervecera Hijos de Rivera decidan superar la crisis junto a sus trabajadores y evitar los ERTEs son un buen ejemplo de ello. Sin embargo, es muy importante que la propia Administración siente unas bases sólidas para ir construyendo el mismo. En este sentido, partir de una renta mínima de inserción social es una buena idea. Nos explicamos, la emergencia económica ha dejado a muchos hogares sin ingresos o en una situación de excesiva precariedad. Esto unido a que ya partíamos de una situación grave si tenemos en cuenta las tasas de pobreza y pobreza infantil en nuestro país hace necesario reaccionar rápido y de forma urgente para garantizar un ingreso mínimo a aquellos en una situación más grave. Este razonamiento que desde algunos sectores se ridiculiza como “paguita”, no es nuevo. Es más, organismos como la Comisión Europea (que dista de ser bolivariana) han instado a España en más de una ocasión a elaborar planes similares. Con todo, es cierto que cuando uno se plantea una medida de este tipo es fácil encontrarse con problemas de implantación. El más recurrente es el riesgo moral. El riesgo moral o moral hazard es un concepto económico que se presenta cuando una persona tiene una mayor información acerca de sus propias acciones que el resto de los individuos. Llevando este concepto a la práctica podríamos decir que en el caso de la renta mínima tendremos problemas de este tipo, cuando alguien pueda ocultar sus condiciones reales de vida para obtener este ingreso o cuando no tenga incentivos a trabajar legalmente al recibir esta prestación. Teniendo en cuenta que nuestro país destaca por la picaresca deberíamos establecer un sistema de control a la hora de otorgar esta prestación para evitar su mal uso. Sin embargo, ese sistema de control debido a la urgencia actual debe ser a posteriori. Es decir, ahora es mejor gastar que preguntar. Ya habrá tiempo de revisar quién ha obtenido la renta y no debía hacerlo. Por todo ello, no parece excusa suficiente agarrarse a este argumento para evitar la implantación de esta renta. La necesidad de establecer un mecanismo de control es importante, pero esa circunstancia no justifica no ayudar a los ciudadanos que se están quedando atrás. Cualquier malpensado podría pensar que aquellos que se apalancan en esta razón para criticar la renta mínima no hacen lo mismo con aquellos otros trabajadores por cuenta propia que no declaran el total de sus ingresos o que cotizan a la Seguridad Social por menos de lo que les corresponde. Pocas críticas se oyen cuando estos trabajadores solicitan aplazamientos de impuestos o prestaciones sociales, que por cierto, también son necesarias.

Visto el principal escollo, el siguiente punto a tener en cuenta es si esta renta debe ser temporal o indefinida. En este sentido, como decíamos anteriormente la urgencia apremia y se hace necesario establecer un mecanismo de este tipo de forma rápida. Esa primera fase obviamente debería ser temporal y continuar trabajando en la implantación de un ingreso mínimo vital bien procedimentado y controlado. Es más, el Gobierno podría aprovechar este primer piloto para identificar puntos de mejora que ayuden a implantar esta medida de una forma robusta y controlada.

Por otra parte, es importante identificar la técnica de financiación de una medida de este calibre. Establecer medidas de redistribución de la renta serias, exige ser precisos en el establecimiento de sus mecanismos de financiación. De lo contrario daríamos pie a las críticas de aquellos que buscan encontrar el mínimo problema para atacar una medida de este tipo. En este sentido, es importante ir trabajando en un nuevo modelo fiscal que debería formar parte de ese nuevo acuerdo social. Esta crisis nos deja muchas lecciones y una básica es que si un sistema fiscal serio no podemos financiar un sistema sanitario de garantías. Por eso pongan en duda a aquellos que ante todo siempre abogan por bajar impuestos. En este aspecto, es importante empezar a debatir para recuperar figuras impositivas como el impuesto de sucesiones y patrimonio. Son impuestos ya implantados que desde muchos sectores se ha venido sesgando su justificación para conseguir eliminarlo y que permitiría ir colaborando a la financiación de este tipo de medidas. Además, deberíamos empezar a diseñar un sistema fiscal en el que busquemos que aquellos que se aprovechan de las deficiencias del mismo empiecen a pagar. Es buen momento para eliminar pagos en efectivo y lograr que todas las transacciones queden registradas. De esta forma, se lo ponemos más difícil a aquellos que declaran unos ingresos inferiores a los que en realidad tienen y evitamos de paso subir los impuestos a los que siempre salen más perjudicados, los asalariados.

Como vamos viendo, las ventajas de establecer una medida como el ingreso mínimo vital, superan a sus posibles problemas. Ofreceríamos algo de liquidez inmediata a los más desfavorecidos y posibilitaríamos también que no dejen de consumir aquellos bienes de primera necesidad. La oportunidad de no dejar a nadie atrás y conseguir salir más fuertes de este problema como sociedad también ahondan en su justificación. Es cierto que hay que financiarlo bien y establecer un buen mecanismo de financiación y control. Eso lo debemos exigir para dar robustez y credibilidad a esta medida.

Aprovechemos esta oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente. Veamos el buen ejemplo de los valores de la cooperación, la solidaridad y el trabajo en equipo que son los que están ayudando a conseguir superar la emergencia sanitaria. Deberíamos ver que ese es el camino para lograr un mayor bienestar futuro. Cooperar y trabajar como sociedad. Y eso implica no dejar a nadie atrás. Cuídense, cuidémonos entre todos.