La economía sumergida alcanzó en España los 205.000 millones de euros, el equivalente al 20% del PIB en 2009, y se concentró en la construcción, los profesionales autónomos, los comercios, las empresas inmobiliarias y el turismo, según un estudio de Visa Europe.

España se sitúa, junto con Portugal, en el tercer puesto entre los países de Europa occidental con mayor porcentaje de economía sumergida y el cuarto, tras Alemania, Italia, y Francia, en términos de volumen de negocio no declarado.

Según Visa Europe, el alto nivel impositivo y de cotización a la Seguridad Social que existe en España explica, en parte, sus altas tasas de economía sumergida. Además, argumenta que este tipo de prácticas suelen relacionarse con las pymes, que en España cuentan con mayor protagonismo dentro del tejido empresarial que en otros países.

El estudio señala que un uso más intensivo de los pagos electrónicos podría reducir la economía sumergida en España en unos 23.600 millones euros, un 11,5% del total estimado actualmente.

Ante esta situación una alternativa, que ya sonó en la rumorología económica, es la amnistía fiscal. Esta consiste en una no aplicación de las normas tributarias existentes con el objetivo de que el “dinero negro” aflore la economía. A priori, puede parecer una opción completamente descabellada, pues estaríamos beneficiando a todos aquellos que han decidido eludir al fisco. Sin embargo, existe una posibilidad que permita que el Estado salga bien parado. Me explico, vivimos una situación de ataque a la confianza en la solvencia española, esto provoca que  nuestro país tenga que pagar tipos de interés muy elevados por financiar su deuda. De esta manera, si la amnistía fiscal se realizara de forma que ese dinero opaco sea destinado a bonos de 10 y 15 años conseguiríamos aumentar la demanda de deuda pública, y por tanto el precio que pagaríamos por la financiación sería menor.

Dos precedentes de amnistía fiscal tenemos en nuestro país. La aprobada en el año 1984, a cambio de la inversión del dinero aflorado en pagarés del Tesoro, sin penalización fiscal y salvaguardando el anonimato de los suscriptores, y la de 1991, con la emisión de deuda pública especial con un tipo de interés inferior al de mercado. El éxito de estas operaciones fue parcial: se regularizó una cantidad de dinero negro menor de la prevista. En el segundo caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1992 incluyó en su disposición adicional vigésima primera la exclusión de nuevas amnistías y regularizaciones fiscales en el futuro: “A partir del 1 de enero de 1992, no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal (…)”.

Soy consciente de que la alternativa es bastante controvertida, pero siendo pragmáticos el conjunto del Estado sale beneficiado. Mejoramos nuestra financiación y pagamos un precio menor por ella. Sin embargo, desde el punto de vista de la equidad se produciría un cierto daño en la conciencia fiscal del resto de ciudadanos que cumplen con sus obligaciones.